La familia, cimiento de la sociedad

 

La familia, lo hemos escuchado todos en múltiples ocasiones, constituye el cimiento sobre el cual se construye la sociedad. No puede concebirse la vida colectiva si no es a partir del núcleo familiar, pues allí es donde se siembra la semilla de la cual surgirán individuos capaces de construir una comunidad mayor, a partir de los rasgos que los identifican. En teoría, se trata de un concepto que todos entendemos y defendemos, porque estamos conscientes de su relevancia en términos de identidad colectiva y de la defensa de los principios que nos convierten en parte de una nación.

En la práctica, sin embargo, es evidente que el concepto de familia ha venido sufriendo transformaciones que han llevado a redefinirla incluso en términos legales, porque las concepciones tradicionales ya no eran suficientes para resolver las controversias surgidas de la diversidad de relaciones que hoy existen dentro de una familia. Desde el nacimiento del derecho como instrumento para dirimir las controversias en sociedad, las relaciones familiares han sido un asunto importante para esta disciplina y han constituido, a lo largo de la historia, un motivo de permanente debate.

No constituye novedad alguna por ello, que los órganos legislativos se ocupen de mejorar, ampliar o modificar las reglas para dirimir las controversias en materia familiar y menos aún, que lo hagan cuando éstas se originan en el terreno que históricamente condujo a la necesidad de codificar este aspecto de la vida social: el patrimonio. El comentario viene al caso a propósito de la discusión que hoy se recrea en Coahuila, relativa a la posibilidad de introducir modificaciones al Código Civil, en el capítulo relativo al divorcio y a la forma en la que se liquida la sociedad conyugal.

Comentario:

Como bien lo dice el artículo las leyes existen para regular las controversias y vigilar que todas las partes involucradas sean tratadas con justicia. Es de esperarse que en este caso las personas que dictarán la ley tomarán en cuenta las necesidades de todos los miembros de la familia y piensen en la protección de los más vulnerables, que son los hijos.

De acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, a un sector de la sociedad le preocupa que la iniciativa contenga una disposición para que, tras registrarse el divorcio, el cónyuge que se hubiera dedicado a las tareas del hogar pueda reclamar el 50 por ciento del patrimonio de la contraparte, incluso si estuvieran casados por bienes separados.

La preocupación surge, naturalmente, entre las familias acaudaladas, cuyas cabezas temen el surgimiento de “vivales” —hombres o mujeres— que contraigan matrimonio sólo con la intención de hacerse con el patrimonio de sus cónyuges.

Más allá de si la preocupación es válida o no, su formulación denota la existencia de un problema mucho más serio que el establecimiento de una regla jurídica, y es la degradación de los valores que hacen de la familia el núcleo de la sociedad.

Por ello, si quienes manifiestan esta preocupación tiene razones para albergarla, más que ocuparse de intentar frenar una reforma tendrían que comenzar a identificar los resortes que ayuden a resolver el verdadero problema: la deformación de la institución matrimonial.

Fuente: Vanguardia

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